En los últimos años, el compromiso de la Unión Europea con la sostenibilidad y el cuidado del medioambiente ha dado lugar a una serie de medidas legislativas que todos los Estados Miembros deben ir integrando en sus ordenamientos siguiendo el principio “quien contamina paga”.
¿Qué es la fiscalidad verde?
La fiscalidad verde consiste en el uso de instrumentos legales para promover conductas respetuosas con el medio ambiente y sancionar fiscalmente aquellas que se consideran lesivas. Esto tiene una doble finalidad, la primera es modificar el comportamiento de empresas y particulares para alcanzar los objetivos de sostenibilidad y no contaminación y la segunda, aunque no se diga, es recaudar dinero.
Nuevos impuestos y reformas destacadas
España, como país miembro de la Unión Europea, ha introducido en su ordenamiento varios impuestos y tasas medioambientales tanto estatales como autonómicos para luchar contra la contaminación medioambiental penalizando comportamientos lesivos e incentivando prácticas sostenibles.
Entre las medidas más relevantes en 2025, destacan:
● Impuesto sobre envases de plástico no reutilizables: en vigor desde el 1 de enero de 2023, la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular ha introducido el Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables cuyo objetivo es reducir o eliminar la generación de residuos derivados de envases de plástico no reutilizables y fomentar el reciclaje de estos materiales. Afecta al proceso de fabricación, importación y adquisición intracomunitaria de:
- Envases de plástico no reutilizables.
- Productos plásticos destinados a la obtención o comercialización de envases de plástico no reutilizables
Este impuesto ha sufrido un endurecimiento en 2025, ampliando su alcance e incrementando los controles.
● Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, incineración y coincineración: en vigor desde el 1 de enero de 2023, ya que fue incluido en la misma Ley 7/2022 de 8 de abril, tiene como finalidad la prevención, la reutilización y el reciclado de los residuos, así como reducir el depósito de residuos en vertedero, la incineración y su coincineración. Este impuesto recae sobre la entrega de residuos en vertederos, instalaciones de incineración o de coincineración para su eliminación o valorización energética.
● Nueva tasa sobre emisiones de carbono: Este tributo grava la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera para evitar la contaminación y el efecto invernadero.
Comúnmente conocido como impuesto de CO2, se empezó a aplicar por primera vez en 2021 en Cataluña gravando las emisiones de CO2 de los vehículos. El objetivo es hacer pagar al responsable en proporción a sus emisiones.
● Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) es un arancel ambiental establecido en la Unión Europea por el Reglamento 2023/956 del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de mayo de 2023 con el objetivo de reducir el riesgo de fuga de carbono que se produce cuando las empresas de determinados sectores o subsectores industriales trasladan su producción a otros países o cuando las importaciones procedentes de estos países sustituyen a productos que son menos intensivos en términos de emisiones de gases de efecto invernadero.
Impacto en las empresas
Las empresas deben hacer frente a:
● Revisión de procesos de fabricación: Muchas industrias están viéndose obligadas a invertir en procesos y tecnologías limpias, así como rediseñar sus productos para cumplir con los nuevos criterios de sostenibilidad y no contaminación.
● Aumento de costes: Los tributos medioambientales incrementan los costes directos, especialmente para empresas con altos niveles de consumo energético o dependencia del plástico.
● Asesoramiento especializado: La normativa es reciente, compleja y distinta en función de la Comunidad Autónoma que se trate. Contar con una asesoría legal y fiscal adecuada y de confianza es clave para evitar sorpresas.
Conclusión
La fiscalidad verde es España ya es una realidad que condiciona el presente y el futuro de empresas y particulares. Adaptarse a la nueva normativa no sólo es necesario, sino que es una ventaja comparativa en un mercado cada vez más competitivo.
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