Recientemente el Gobierno ha aprobado dos paquetes de ayudas económicas para los afectados por la Dana de Valencia, además de las medidas fiscales que fueron aprobadas por el Real Decreto-ley 7/2024, de 11 de noviembre y que ya resumimos en nuestro post: https://abogadosenpozuelo.es/medidas-fiscales-dana-valencia/.
El paso previo ha sido la declaración de los municipios afectados como “zona catastrófica”. Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil establece que “A los efectos de la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil se valorará, en todo caso, que se hayan producido daños personales o materiales derivados de un siniestro que perturbe gravemente las condiciones de vida de la población en un área geográfica determinada o cuando se produzca la paralización, como consecuencia del mismo, de todos o algunos de los servicios públicos esenciales.”
En este artículo resumiremos las principales ayudas anunciadas entre el pasado martes 5 de noviembre y el lunes 11 de noviembre que pretenden llegar a hogares, empresas y autónomos.
Detalles de las Ayudas Económicas
El primer paquete de medidas ascendía 10.600 millones en ayudas y sólo protegía a los inmuebles que fuesen primera vivienda en propiedad. El segundo paquete que asciende a 3.675 millones de euros amplía las ayudas a los inmuebles que estuviesen en alquiler, así como a los enseres y utensilios a de los arrendatarios. Este segundo paquete de medidas también amplía la concesión de ayudas directas a las empresas que, aunque no tuvieran su sede fiscal en los municipios afectados, tuvieran un centro de trabajo y pone el foco en el campo donde muchas de las infraestructuras agrarias han quedado arrasadas.
Línea de avales DANA
El Gobierno aprueba una línea de avales por valor de 5.000 millones de euros similar a los créditos ICO aprobados durante la pandemia (líneas de financiación gestionadas por el Instituto de Crédito Oficial con la intermediación de las entidades de crédito).
Abono del Consorcio de Compensación de Seguros
Se ha previsto que el Consorcio de Compensación de Seguros abone 3.500 millones de euros en indemnizaciones a familias y empresas que han perdido su vehículo. El valor de cada vehículo será un 20% superior al valor de tasación real.
El Consorcio de Compensación de Seguros es un organismo público, que depende del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que se encarga de indemnizar a los clientes de un seguro privado (empresas, asociaciones o particulares) por los daños de los que no pueden hacerse cargo las aseguradoras y que corresponden a riesgos extraordinarios (como, por ejemplo, los ocasionados por una catástrofe natural).
Ayudas directas
- Entre 20.000 y 60.000 euros para la reparación de las viviendas dañadas.
- Hasta 10.300 euros para cambiar o reparar muebles, electrodomésticos y enseres dañados.
- Hasta 37.000 euros para reparar elementos de las comunidades de vecinos.
- Entre 10.000 y los 150.000 euros para empresas pymes o autónomos en función de su volumen de operaciones.
- Ayudas directas para actividad cultural: cines librerías, etc.
Inversión pública
- Plan de acción contra el lodo de las calles e infraestructuras de las zonas afectadas e infraestructuras.
- Plan para reparar infraestructuras agrarias como caminos, bancales y sistemas de regadío.
- Plan para ayudar a explotaciones que hayan sufrido daños que les impidan acometer la próxima temporada o hayan sufrido pérdidas superiores al 40%.
- Plan para la restauración patrimonial de la albufera.
- Subvenciones por daños en infraestructuras municipales, red viaria provincial e insular; etc.
Otras ayudas
- En el caso de fallecimiento, la cantidad es de 18.000 euros por cada miembro fallecido de la unidad familiar o de convivencia.
- Idéntica cantidad se concederá en el supuesto de incapacidad absoluta y permanente.
- Acuerdo con la banca para que los afectados puedan congelar sus hipotecas durante 12 meses adicionales una vez pasados los 12 meses iniciales recogidos en el primer paquete de medidas o reducir su cuota.
- Prohibición de realizar cortes del suministro energético en las zonas afectadas, así como la posibilidad de que los consumidores aplacen el pago de sus facturas.
Dura crítica a las ayudas otorgadas
Muchos medios de comunicación han criticado que gran parte de las medidas anunciadas están lejos de ser ayudas a fondo perdido que es lo que realmente necesitan los afectados, y exigen un compromiso de pago futuro en muchos casos con intereses.
Aproximadamente 5.000 millones de los 14.373 millones anunciados se articulan a través de créditos que hay que devolver con intereses o aplazamientos fiscales que en su mayoría habrá que regularizar en febrero de 2025 o moratorias crediticias en coordinación con el sector financiero por un año o dos años.
Concretamente la línea de avales gestionada por el ICO se traduce en créditos preconcedidos a los afectados por la Dana – empresas y autónomos – con la garantía o el aval del Gobierno pero que posteriormente habrá que devolver con sus correspondientes intereses.
Asimismo, el Consorcio de compensación de Seguros se financia con los recargos que se aplican a la mayoría de las pólizas de seguros, de modo que, es como si todos los asegurados tuviéramos dos pólizas de seguros: una para los riesgos ordinarios contratada con nuestra compañía de seguros y otra con el Consorcio. Por este motivo se ha dicho que esta ayuda la pagamos los ciudadanos y no el Gobierno.
Además, las ayudas directas han dejado fuera a los transportistas que perdieron sus vehículos por la DANA que no tengan centro de trabajo en los municipios afectados que no fueron pocos.
Conclusiones
La DANA ha afectado a todo el litoral mediterráneo dejando pérdidas tanto materiales como de vidas humanas.
Hay un gran escepticismo respecto a los paquetes de ayudas anunciadas pues parte de ellas, no son a fondo perdido y otras se encuentran condicionadas a la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2025 que por el momento parece de difícil consenso.
Muchos recuerdan ahora lo sucedido hace 3 años después de la erupción del volcán de la Palma, cuando el Gobierno anuncio importantes ayudas económicas para los damnificados y más de 200 personas siguen viviendo en contenedores prefabricados que inicialmente debían ser una solución provisional, pero que se han convertido en un «hogar» permanente.
La realidad es que lo que ha sucedido vuelve a dejar en evidencia a una clase política que con todos los recursos que controla y gestiona, no ha sabido estar a la altura de las circunstancias.
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