Derecho Administrativo

¿Necesitas asesoramiento y gestión en Derecho Administrativo?

 

En Juristas Europeos BF & A ofrece asesoramiento y gestión en Derecho Administrativo:

  • Estudio, redacción y presentación de solicitudes, alegaciones, etc. ante la administración estatal; autonómica; o municipal.
  • Presentación de recursos en vía administrativa, así como de recursos contencioso-administrativos en la vía judicial.
  • Asesoramiento y asistencia Letrada en las reclamaciones por responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. Los ciudadanos tienen el derecho constitucional a ser indemnizados por los daños y perjuicios sufridos en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.
  • Servicios de asesa¡oramiento y legal derivados del Estado de Alarma de 2020:

1. Impugnación de las sanciones impuestas durante el estado de alarma:

Recurrir multa sanciones del estado de alarma es una de las cuestiones que preocupa a muchos ciudadanos. Si ud ha sido multado o sancionado por saltarse las restricciones del estado de alarma, Juristas Europeos BF&A ofrece asesoramiento y asistencia Letrada a particulares para impugnar las sanciones impuestas durante el Estado de Alarma. 

Han sido más de medio millón las sanciones impuestas en estos días en que está declarado el estado de alarma en España. 

Las restricciones de movimientos han sido impuestas a fin de no contagiar ni ser contagiados por la pandemia de Covid-19 que asola España y a casi todos los países del mundo. 

No siempre se ha podido cumplir con estas restricciones. 

En cada caso hay que analizar si está suficientemente motivada la salida del domicilio. 

Como en toda actuación de Interior los criterios deben ser la legalidad, proporcionalidad y necesidad, por tanto, hay que observar si el comportamiento y la motivación y la consiguiente multa o sanción se encuadra en esas premisas previos, o si por el contrario no se ajusta y se puede recurrir. 

Estas sanciones están siendo cuestionadas puesto que la Abogacía del Estado cuestiona las sanciones impuestas por la policía basándose en la Ley de Seguridad Ciudadana. 

Tenemos que analizar si se le ha multado por desobediencia. 

Es decir, si usted desobedeció a las autoridades o simplemente fue multado por “saltarse” el confinamiento. En la mayoría de los casos no ha habido desobediencia. 

El artículo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana determina que son infracciones graves: 

  1. La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación.

(Ley Orgánica 4/2015) 

Si se acude a la vía del incumplimiento por la Ley de Salud Pública, la tramitación corresponde a las Comunidades Autónomas. Por tanto, el cauce administrativo que siga el iter de cada sanción puede variar, y para hacerlo correctamente tenemos que conocer, al menos: 

  1. El documento de la multa. 
  1. En qué Comunidad Autónoma se ha producido. 
  1. El relato fáctico, de los hechos. 

Siendo factible, llevaremos a cabo el recurso a los tribunales de lo contencioso administrativo y pediremos la anulación. 

2.Responsabilidad patrimonial del estado derivada del estado de alarma:

El concepto responsabilidad patrimonial hace referencia a que cualquier Administración Pública, ya sea estatal, autonómica o local, tiene la obligación de sufragar los daños y/o perjuicios ocasionados a un tercero por un funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos de su competencia. Todo ello, por medio del instituto de la responsabilidad patrimonial. 

Este tipo de responsabilidad tiene como base constitucional al artículo 106.2 de la Carta Magna, el cual reconoce el derecho de los particulares a ser indemnizados en los términos establecidos por la ley. 

La responsabilidad patrimonial es una de las instituciones que surgen con mayor frecuencia entre los particulares y las Administraciones Públicas, por lo que se requiere un conocimiento profundo en esta clase de procedimientos, así como una técnica jurídica sólida para poder lograr la procedencia de la acción de responsabilidad que en su caso sea instada. 

Regulación 

En consonancia con lo anterior, los aspectos de esta última se regulan tanto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas como en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Requisitos de la responsabilidad patrimonial 

Para que opere y despliegue sus efectos dicha figura, han de concurrir ciertos requisitos tales como: 

  • Individualizar la lesión producida en una persona o grupo de personas. 
  • Que se pruebe la relación de causa–efecto entre el funcionamiento (normal o anormal) de un servicio público y los daños/perjuicios que el mismo haya causado. 
  • Que el daño o perjuicio sea cuantificable económicamente. 
  • Que no haya prescrito la acción, es decir, que no haya transcurrido más de un año desde que se produjo el hecho productor del efecto lesivo. 

Los abogados especializados en derecho administrativo y en responsabilidad patrimonial han de poseer la experiencia y pericia necesaria para poder atender esta clase de procedimientos, llevando a cabo un estudio pormenorizado del supuesto específico y explicando al cliente las posibilidades reales de éxito al tiempo de interponer la acción. 

Además, dentro de la Responsabilidad Patrimonial debemos destacar diferentes conceptos de gran relevancia en este momento de pandemia que nos ha tocado vivir, como las indemnizaciones estado de alarma, indemnizaciones cierre estado de alarma, indemnizaciones empresa estado de alarma. 

¿Qué responsabilidad de carácter patrimonial tiene el estado con el Covid-19? 

Según el artículo 106.2 de la Constitución Española establece: “Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”. Precepto desarrollado en los artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRSP). 

Al interpretar esas normas, el Tribunal Supremo ha establecido que la responsabilidad de la Administración por el funcionamiento de los servicios públicos es de carácter objetivo siendo necesario que concurran los siguientes requisitos o presupuestos para que nazca su responsabilidad: 

  1. Un hecho imputable a la Administración por acción u omisión. 
  1. Una lesión o perjuicio antijurídico efectivo que quien lo sufre no tenga el deber de soportar, que debe ser evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas. Como la responsabilidad es de carácter objetivo, la antijuridicidad no reside en el proceder de la Administración sino en el resultado o lesión, de forma que, si existe el deber jurídico de soportar el daño decae la obligación de indemnizar el daño. Para que el daño sea antijurídico basta con que el riesgo inherente a la utilización del servicio público haya rebasado los límites impuestos por los estándares de seguridad exigibles conforme a la conciencia social. 
  1. La relación o nexo de causalidad entre hecho y perjuicio, que ha de ser directo, inmediato y exclusivo, y para cuya determinación se acude a la causa adecuada o eficiente, que analiza la existencia de una adecuación objetiva entre acto y evento que resulte idónea para determinar el resultado, tomando en consideración todas las circunstancias del caso. Esta adecuación entre acto y evento se ha llamado verosimilitud del nexo, que ha sido atenuado en el sentido de que basta con la existencia de factores sin cuya concurrencia no se hubiera producido el resultado para que exista causalidad y surja la obligación de indemnizar. 
  1. La ausencia de fuerza mayor —única circunstancia admitida por la Ley con efecto excluyente— o la interferencia de la víctima o un tercero en el nexo causal como factor determinante del resultado lesivo, cuya prueba pesa sobre la Administración. 

No obstante, se matiza que la socialización de riesgos que justifica la responsabilidad objetiva cuando actúa al servicio de los intereses generales, no permite extender la responsabilidad hasta cubrir cualquier evento, lo que significa que la prestación por la Administración de un determinado servicio público no implica que se convierta en una aseguradora universal de todos los riesgos con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados que pueda producirse con independencia del actuar administrativo. 

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