El reciente apagón eléctrico que afectó a gran parte de la península ibérica el pasado 28 de abril de 2025, provocó una interrupción de varias horas en el suministro eléctrico del país que paralizó prácticamente todos los servicios.
Consecuencias legales en caso de cancelación de vuelos o trenes
è En caso de cancelación de un vuelo, el Reglamento (CE) 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, establece que el afectado tendrá varios derechos que podrá reclamar como el Derecho de información, Derecho de atención, Derecho de reembolso o transporte alternativo, Derecho de compensación (entre 250 y 600 euros, dependiendo de la distancia del vuelo) y Derecho de reembolso del coste del billete deberá realizarse en un plazo de 7 días. Ver más en el post https://abogadosenpozuelo.es/retraso-o-cancelacion-de-un-vuelo/
No obstante, es importante tener en cuenta que la compañía aérea no tendrá obligación de compensar el coste del billete en los casos en los que la cancelación fue causada por circunstancias extraordinarias e imprevistas, pero deberá demostrar que ha hecho todo lo posible por evitarlo (si fuera posible hacerlo).
è En caso de cancelación de un tren, el Reglamento (UE) 2021/782 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2021, sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril, establece que las compañías ferroviarias están obligadas a informar sobre los retrasos y suspensiones de trenes tan pronto como dispongan de dicha información. Ver más en el post https://abogadosenpozuelo.es/retraso-o-cancelacion-de-un-tren/
En caso de retrasos, interrupciones o cancelaciones, dependerá de las circunstancias de cada caso ya que, las compañías como Renfe, Ouigo e Iryo que tienen sus propios compromisos de compensación y habrá que ver la letra pequeña.
En cualquier caso, las incidencias en el servicio derivadas de la interrupción del suministro eléctrico por el apagón tendrían la consideración de eventos de fuerza mayor, por lo que como pasaría en el caso de los vuelos, no que no daría lugar a derechos de indemnización más allá del reembolso y depende y a los gastos de asistencia
Consecuencias legales de la interrupción de servicios en general
En caso de que una falta imprevista de suministro eléctrico impida la prestación de determinados servicios, se considera un supuesto de «fuerza mayor», lo que exime a las
partes de su cumplimiento, si bien, el proveedor del suministro deberá devolver los importes abonados por los suministros no entregados.
Consecuencias legales en las comunicaciones Lexnet
La plataforma Lexnet es un sistema de intercambio seguro de información entre órganos judiciales y los profesionales del derecho que se relacionan con la Administración de Justicia, con efectos legales plenos.
Está regulado por el Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia.
Suspensión de plazos procesales
Ante la imposibilidad de presentar escritos y realizar trámites judiciales debido a la caída de los sistemas electrónicos, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió suspender los plazos procesales durante los días 28 y 29 de abril. Esta medida excepcional buscaba garantizar la seguridad jurídica en los procedimientos y evitar perjuicios derivados de la imposibilidad de actuar y comunicarse a través de los medios telemáticos habituales.
Fundamento legal de la suspensión
La suspensión de plazos se basa en el artículo 135.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que establece que, “Cuando la presentación de escritos perentorios dentro de plazo por los medios electrónicos a que se refiere el apartado anterior no sea posible por interrupción no planificada del servicio de comunicaciones telemáticas o electrónicas, siempre que sea posible se dispondrán las medidas para que el usuario resulte informado de esta circunstancia, así como de los efectos de la suspensión, con indicación expresa, en su caso, de la prórroga de los plazos de inminente vencimiento.
El remitente podrá proceder, en este caso, a su presentación en la oficina judicial el primer día hábil siguiente acompañando el justificante de dicha interrupción.”
Impacto en la actividad judicial
La suspensión de plazos afectó a todos los órdenes jurisdiccionales, permitiéndose únicamente las actuaciones urgentes e inaplazables que no requirieran el uso de medios electrónicos.
Respuesta institucional y medidas adoptadas
El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) actuó con celeridad, coordinándose con el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial para activar los protocolos correspondientes. Se facilitaron justificantes a los abogados para acreditar la interrupción del servicio y se solicitó la suspensión de los plazos.
Reflexiones y propuestas futuras
Este incidente ha evidenciado la necesidad de establecer protocolos más concretos para situaciones imprevistas que den lugar a interrupciones en el suministro de electricidad, garantizando así la seguridad jurídica en los procedimientos.
Conclusión
El apagón del 28 de abril de 2025 ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de todos los servicios y organismos ya sean privados o públicos, como es la Administración de Justicia, ante fallos generalizados e imprevistos en el suministro de la electricidad de la que, por desgracia, tanto dependemos para casi todo y la importancia de contar con mecanismos alternativos y protocolos de actuación ágiles que sepan responder a situaciones de emergencia.
La suspensión de los plazos procesales fue una medida necesaria para salvaguardar el derecho de defensa y evitar perjuicios irreparables. Es fundamental que las instituciones continúen trabajando en la elaboración de protocolos que permitan una respuesta rápida y coordinada ante futuras contingencias.
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