El lawfare es una palabra inglesa formada por law (ley) y warfare (guerra) que ha cobrado relevancia en España tras el acuerdo sobre la amnistía entre Junts y el PSOE que ha posibilitado la investidura de Pedro Sánchez como presidente.
El término nació en el ámbito militar y con el tiempo se ha empezado a utilizar en el ámbito judicial y se refiere al uso indebido de procedimientos jurídicos con fines políticos o dicho de otra manera: la instrumentalización de la justicia.
El acuerdo entre el PSOE y los independentistas catalanes incluía la eliminación de los delitos cometidos durante el ‘procés’ y el referéndum ilegal del 1 de octubre, la puesta en marcha de un nuevo referéndum y el famoso ‘lawfare’ y que se traduce en que se puedan exigir ‘responsabilidades’ o abrir comisiones de investigación a los magistrados que aplicaron la ley en el ‘procés’ o a los que pretendan aplicarla de ahora en adelante en el mismo sentido.
La versión que se ha querido dar por parte de los independentistas es que la actuación de los tribunales ante el desafío independentista de Cataluña en 2017 fue una herramienta para neutralizar oponentes políticos en lugar de abordar la situación de una manera estrictamente legal y democrática. De hecho, Carles Puigdemont, a menudo denuncia situaciones de ‘lawfare’ dirigidas contra los partidos nacionalistas catalanes afirmando que “el uso estratégico de las leyes para perjudicar a disidentes o rivales políticos no busca hacer justicia, sino conseguir, por medios inaceptables en democracia, efectos políticos a través del poder justicia”.
Pero este concepto no ha sido utilizado solamente por los independentistas catalanes, sino por los integrantes de otros partidos políticos cuando han recibido una denuncia ante un supuesto delito cometido por ellos mismos alegando un tipo de acoso por parte de determinados jueces en base a su ideología política.
En este contexto el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada ha realizado un análisis sobre el uso de este término por parte de los diferentes partido políticos y ha llegado a la conclusión de que ‘el lawfare implica el uso estratégico y malicioso de los sistemas judiciales para alcanzar objetivos políticos, socavando la integridad de las instituciones judiciales y desafiando la separación de poderes, alterando las reglas del juego y muy especialmente los sistemas de control’.
La realidad es que la “moda” de usar el ‘lawfare’ de manera indebida por parte de los políticos con el objetivo de blanquear posibles delitos para convertirse así en mártires que luchan contra el sistema, está dañando gravemente la democracia española a pasos agigantados.
Garantizar la separación del poder legislativo, ejecutivo y sobre todo judicial y fortalecer los mecanismos de control es fundamental para prevenir situaciones dictatoriales donde no existe la igualdad ante la ley ni la imparcialidad y equidad a la hora de impartir justicia.
Si buscas asesoramiento en este tema para saber qué posibilidades tienes y qué es lo que más te puede beneficiar, puedes solicitar una consulta personalizada en Juristas Europeos BF&A, despacho de abogados en Pozuelo de Alarcón, y resolveremos todas tus dudas
